Introducción

El Sistema de Protección a la Infancia y Ado­lescencia de Catalunya fundamenta las medidas de protección a niños y adolescentes en las pro­puestas que realizan los Equipos de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA). Los EAIA fueron creados en Catalunya en 1986. Es el servicio especializado que tiene el encargo de valorar la situación personal y fami­liar de los niños y adolescentes que presentan situaciones de riesgo grave o de desamparo, de proponer las medidas de protección que estime oportunas y de realizar el seguimiento. Actualmente son equipos compuestos por educadores, pedagogos, psicólogos y trabaja­dores sociales. Orgánicamente, dependen de la administración local, ayuntamientos o con­sejos comarcales y, funcionalmente, dependen de la Dirección General de Atención a la Infancia (DGAIA) de la Generalitat de Catalunya. Los ca­sos que atiende el EAIA son derivados por los Servicios Sociales o por la DGAIA. El EAIA de l’Eixample de Barcelona es uno de los 13 equipos del Ayuntamiento de Barcelona que trabajan en la ciudad. En 2016, la población de cero a 17 años del distrito de l’Eixample de Barcelona era del 14 % (Ajuntament de Barcelona, 2017). Los casos atendidos en el EAIA de l’Eixample en 2016 corresponden al 0,5 % de la población de 0 a 17 años del Distrito.

Antecedentes  

El origen del presente trabajo es la preocu­pación de los profesionales del EAIA por cómo atender y proteger a niños y adolescentes del maltrato psicológico que sufren cuando los pa­dres los involucran en sus guerras y litigios de adultos.  En el abordaje técnico con estas familias, he­mos venido constatando que el Sistema de Pro­tección a la Infancia y Adolescencia presta esca­sa atención al maltrato psicológico que supone para niños y adolescentes la separación no re­suelta y altamente conflictiva de sus padres. La ley 14/2010 de 27 de mayo de los Derechos y de las Oportunidades en la Infancia y la Ado­lescencia (LDOIA) del Parlament de Catalunya regula el Sistema de atención y protección a la infancia. Entre otros muchos aspectos, la LDOIA establece los criterios para diferenciar los dos conceptos básicos que nos ayudarán a analizar cómo es tratado el tema que nos ocupa. En primer lugar, se entiende por riesgo “la si­tuación en que el desarrollo y el bienestar del niño o adolescente se ven limitados o perjudica­dos por cualquier circunstancia personal, social o familiar, siempre que para la protección efecti­va del niño o adolescente no sea necesaria la se­paración del núcleo familiar”. La LDOIA enumera cuáles son las situaciones consideradas de ries­go, y entre otras, identifica como tal “el conflicto abierto y crónico entre los progenitores, separa­dos o no, cuando anteponen sus necesidades a las del niño o adolescente”. La LDOIA estable­ce que el equipo competente para atender las situaciones de riesgo es el de los Servicios So­ciales y cuando el riesgo es grave, este puede derivar el caso al EAIA. En segundo lugar, se consideran en situación de desamparo “los niños y adolescentes que se encuentran en una situación de hecho en la que les faltan los elementos básicos para el desarro­llo integral de la personalidad, siempre que para su protección efectiva sea necesario aplicar una medida que implique la separación del núcleo familiar”. La LDOIA identifica tres situaciones de desam­paro relacionadas con el tema que nos ocupa: 1) “El maltrato físico o psíquico, el abuso sexual, la explotación u otras situaciones de la mis­ma naturaleza efectuadas por las personas a quien les corresponde la guarda o que se han llevado a cabo con el conocimiento o la tole­rancia de las mismas” 2) “La violencia machista o la existencia de cir­cunstancias en el entorno sociofamiliar del niño o adolescente, cuando perjudiquen gra­vemente su desarrollo”. 3) “El ejercicio inadecuado de las funciones de guarda que comporte un peligro grave para el niño o adolescente”. La LDOIA establece que el equipo competen­te para atender las situaciones de desamparo es el EAIA. Cabe señalar también que la orden BSF 331/2013 del Departament de Benestar Social i Familia por la que se aprueban los indicadores y factores de protección y de pronóstico identifica, como un tipo de maltrato, “la instrumentalización del niño o adolescente en el conflicto entre adul­tos” y, además, establece dos indicadores para identificar este maltrato como una situación de desamparo: 1) “Instrumentalizan al niño o adoles­cente y/o lo implican en conflictos familiares” y 2) “Conflictividad importante en la pareja”. En lo que se refiere a directrices técnicas, hay que señalar que la única directriz de la DGAIA respecto a este tema es de enero de 2018. La Directriz 1/2018, por la cual se aprueban los cri­terios para la intervención administrativa en si­tuaciones de conflicto familiar en la atribución de la guarda judicial de los hijos en los supues­tos de separación, nulidad, divorcio o ruptura de pareja de hecho, para las situaciones de riesgo establece lo siguiente. Cuando hay una resolu­ción judicial que atribuye la guarda y custodia, “los Servicios Sociales tienen que informar al juzgado competente y a la fiscalía de menores (con el ruego que lo haga llegar al fiscal que está interviniendo en el procedimiento judicial) de la necesidad de cambio de guardador”.  Cuando no existe una resolución judicial que atribuye la guarda, establece que “los Servi­cios Sociales o el EAIA comunicarán al órgano judicial que conozca del procedimiento de se­paración, nulidad, divorcio o ruptura de pareja de hecho, la existencia de un procedimiento ad­ministrativo de riesgo y las circunstancias y la valoración del mismo. Cabe tener en cuenta que el Equipo de ase­soramiento técnico civil en materia de familia (EATAF) no pertenece al sistema de protección a la infancia. Dicho equipo tiene una función de asesoramiento judicial y su intervención tiene que ser requerida por la instancia judicial: “el có­digo civil y la normativa procesal (LEC) prevén que en la materia específica de familia, el órgano judicial y el Ministerio Fiscal puedan pedir dic­támenes periciales de oficio a especialistas de­bidamente cualificados adscritos a los órganos judiciales” (Generalitat de Catalunya, 2016). A la luz de lo que establece la ley y los demás textos que hemos comentado, parece claro que este tipo de maltrato está reconocido como tal, pero a diferencia de los demás tipos, la DGAIA se inhibe en la protección de los niños y adoles­centes afectados en favor de la instancia judicial. Así, “la instrumentalización del niño o adoles­cente en el conflicto entre adultos” tipificado con este enunciado como un tipo de maltrato responde a una problemática relacional familiar de difícil abordaje y solución. Los efectos so­bre los niños y adolescentes que lo sufren son evidentes y, además, la separación del niño del núcleo familiar, el desamparo -que es la medida de protección posible en otro tipo de maltrato- aquí no suele ser adecuado porque la separa­ción podría incluso agravar su sufrimiento. Sin quitar relevancia al juego relacional fami­liar en que todos los miembros tienen un papel determinado, cabe destacar que es bastante general que uno de los dos progenitores ten­ga más capacidad de protección. Por lo tanto, regular la custodia o el régimen de visitas con el objetivo de promocionar al progenitor más capaz puede ser una medida de compensación de las dificultades del menos capaz. De hecho, en nuestra experiencia, las resoluciones judicia­les que incorporan las propuestas del EAIA han sido significativas y, sin resolver el problema de fondo, han contribuido a mejorar la situación de los niños. Con todo, ante la instancia judicial, no queda claro cuál es la función del EAIA. Las medidas de protección que los equipos tienen al alcan­ce -aparte de la intervención directa con las fa­milias- se limitan a enviar un informe al juzga­do y/o a fiscalía con un recorrido y resultados inciertos. A menudo, la apuesta del equipo por la protección del niño provoca la ruptura con el progenitor más señalado.  En la práctica, hay disparidad de criterios en­tre los distintos equipos y dispositivos sobre hasta dónde implicarse en la protección de los niños y adolescentes.  No existen mecanismos ni de seguimiento ni de coordinación del equipo con la instancia judi­cial o con fiscalía.  En el campo de la prevención, cabe señalar que en Barcelona no existe ningún servicio profesio­nal específico de atención a familias en proceso de separación. Es frecuente que los diferentes servicios de la red social detecten situaciones de riesgo: conflictos y discusiones entre padres en el contexto escolar, aumento significativo de consultas en pediatría, denuncias por violencia, denuncias por sospecha de abuso sexual, etc.  Algunas de estas alertas se canalizan a través de Fiscalía y se atienden desde los Servicios So­ciales de la zona. En algunos casos, cuando los indicadores son graves o cuando los conflictos se mantienen en el tiempo, los Servicios Sociales derivan el caso al EAIA.  Nuestra impresión es que muchos de estos ca­sos no trascienden del ámbito judicial y que los niños y adolescentes afectados no suelen recibir ninguna atención específica.  

Objetivos  

Pretendemos hacer un análisis de los distintos elementos técnicos que intervienen en esta ti­pología de casos y, en particular, de resultados e impacto de la intervención del EAIA en niños y adolescentes, con la finalidad de mejorar la ca­lidad de la atención y de promover mejoras en los mecanismos de coordinación técnica entre los departamentos de Justicia, de Protección a la Infancia y de la administración local.  Enumeramos los objetivos del estudio de la siguiente manera:  1. Denunciar el maltrato psicológico que, bajo la mirada ausente de las administraciones, su­fren niños y adolescentes cuando los padres separados no resuelven el conflicto de pareja y los involucran en sus guerras y litigios. 2. Demostrar la eficacia del tratamiento educati­vo y terapéutico que realiza el EAIA.  3. Identificar y promover las condiciones técni­cas necesarias para que los servicios de aten­ción a las familias puedan proteger con más eficacia a los niños y adolescentes afectados.  4. Señalar déficits y dificultades de articulación y coordinación entre el sistema judicial y el Sistema de Protección a la Infancia y Adoles­cencia. 5. Hacer propuestas para mejorar la atención de los niños y adolescentes afectados, así como propuestas de prevención.  

Método  

Entre la población atendida por el EAIA de l’Eixample en 2016, seleccionamos las familias que cumplían los siguientes criterios:  • Padres separados hace más de dos años • El conflicto conyugal se ha cronificado  • Uno o los dos progenitores tiene capacidad de protección.  En 2016, el EAIA de l’Eixample atendió a 194 niños y adolescentes, 30 de los cuales (16 %) responden a los criterios definidos. El análisis se amplía a los progenitores: 19 padres y 18 madres.  Por edades, son cuatro niños de entre cero y cinco años (13 %), 16 niños entre seis y 12 (53 %) y 10 adolescentes entre 13 y 18 (33 %).  Los instrumentos de análisis se definieron en equipo y son los siguientes:  • Indicadores de maltrato psicológico • Indicadores de riesgo observados en niños y adolescentes  • Indicadores de mejora  • Recursos de tratamiento para niños y adoles­centes: Centro de desarrollo infantil y aten­ción precoz (CDIAP), Centro de salud mental infantil y juvenil (CSMIJ) y apoyo psicológico (generalmente a través de algún centro con­certado o becado) • Indicadores observados en los padres • Recursos de tratamiento para adultos: Cen­tro de Salud Mental de Adultos (CSMA), Cen­tro de atención y seguimiento de toxicología (CAS) y Servicio de atención, recuperación y acogida para víctimas de violencia machista (SARA). • Existencia o no de convenio regulador de la separación de los padres y si intervinieron los equipos de asesoramiento judicial (EATAF).  • Motivo de derivación del caso al EAIA.

Maltrato psicológico  

El maltrato psicológico es una realidad en mu­chos niños y adolescentes que sufren en silencio durante años de su infancia y adolescencia con aparente indiferencia y tolerancia social: se ig­noran las necesidades emocionales de niños y adolescentes como son el respeto por el padre y por la madre.  El maltrato psicológico se entiende como “aquella situación crónica en la que los adultos responsables del niño, con actuaciones o priva­ciones, le provocan sentimientos negativos ha­cia su propia autoestima y le limitan las iniciati­vas que tiene” (Alonso et al., 1996).  Linares (2015) define las prácticas alienadoras familiares como “una modalidad de maltrato in­fantil especialmente correosa y difícil de com­batir, por cuanto se instala en la encrucijada de la parentalidad y la conyugalidad, allí donde las tormentas que azotan la relación de pareja al­canzan tal intensidad que amenazan la protec­ción de los hijos (…). Muchos de los síntomas y afectaciones de los niños que son maltratados psicológicamente se relacionan con diferentes trastornos psicológicos: la culpabilidad, el mie­do, los estados de angustia, la hiperactividad, los intentos de suicidio, etc. pueden corresponder a estados depresivos, trastornos neuróticos, de la identidad, psicóticos (…). El maltrato psicoló­gico es la base relacional de la psicopatología. Cuando el poder-dominio interfiere y bloquea el amor, nos convierte en secundariamente mal­tratantes: maltratamos físicamente, pero, sobre todo, psicológicamente, y así enfermamos y ha­cemos enfermar”.  Desde Gardner, todos los autores que descri­ben el síndrome de alienación parental lo entien­den como una forma de maltrato psicológico (Gardner, 1987; Aguilar, 2004; Bolaños, 2008; Baker, 2017). En los casos de separaciones conflictivas, los padres involucran a los hijos en sus conflictos. En ocasiones, no se encuentran en condiciones de atenderlos emocionalmente y no los prote­gen de sus guerras personales. Esta dinámica de interferencia de la conyugalidad en la parenta­lidad (debido al conflicto de pareja) rompe el necesario equilibrio entre ambos planos del sis­tema familiar y supone un maltrato psicológico para el niño.  Indicadores de maltrato psicológico  Hemos identificado como indicadores de mal­trato psicológico las siguientes manifestaciones observables: Presencia en situaciones continuadas de vio­lencia verbal y/o física. En nuestro estudio de la situación familiar, y una vez definido el diagnós­tico, este indicador refleja la naturaleza violenta de las relaciones familiares y la exposición de los niños y adolescentes a situaciones violentas. No siempre las denuncias por violencia se co­rresponden con la realidad diagnosticada. En la gráfica 1 del anexo, vemos que están expuestos a situaciones de violencia continuada el 100 % de los niños de entre cero y cinco años, el 62 % de los niños de entre seis y 12 años y el 70 % de los adolescentes.  Privación de visitas y comunicaciones con el otro progenitor. La Directriz 1/2018 de DGAIA establece que “si hay conflicto entre los proge­nitores y no se está cumpliendo la resolución ju­dicial, los Servicios Sociales tienen que asesorar al progenitor afectado para que se dirija al juz­gado para pedir su cumplimiento o ejecución, sin perjuicio de la posible denuncia penal si el incumplimiento puede ser constitutivo de delito o falta”.  Es decir, la respuesta del sistema de protec­ción a la infancia a la vulneración de un derecho del niño es considerada un derecho de los pa­dres, con lo que la protección del niño pasa a un segundo plano. El EAIA, para proteger el dere­cho del niño, no tiene otro mecanismo que el de intentar influir en las decisiones judiciales y, más allá de enviar un informe, como decíamos, de recorrido y resultados inciertos, no hay estable­cido ningún mecanismo institucional para ello. En la gráfica, vemos que el conjunto de niños y adolescentes privados del derecho a visitas y comunicaciones con uno de sus progenitores es del 75 % en niños de cero a cinco años, del 37 % en niños de seis a 12 años y del 20 % en ado­lescentes.  Utilización del hijo como mensajero. La utiliza­ción del hijo como mensajero es una práctica ex­tendida y aún tolerada socialmente. Podríamos incluir en esta categoría la creencia, muy exten­dida socialmente, de que los niños deciden: se confunde la necesaria escucha a los niños con otorgarles el poder de decisión. En la gráfica, vemos que los niños utilizados como mensaje­ros son el 75 % de cero a cinco años, el 21 % de seis a 12 y el 20 % de los adolescentes. Este descenso se explicaría por la mayor capacidad de niños a partir de los seis años de protegerse de las manipulaciones de los padres.  Vulneración del derecho a la intimidad: inte­rrogatorios sobre el otro núcleo parental, desca­lificación sistemática del otro. Hemos agrupado un conjunto de prácticas alienadoras familiares en acciones y actitudes de los padres en que, de forma más o menos explícita, descalifican sistemáticamente al otro y ejercen una pre­sión altamente perjudicial para el desarrollo y el bienestar emocional de los hijos. Aquí también se considera el concepto de “espía” del hijo res­pecto al otro progenitor. En la gráfica, vemos que sufren este tipo de manipulaciones el 100 % de los niños de entre cero a cinco años, el 37 % de los niños de entre seis y 12 años y el 70 % de los adolescentes. Sería interesante profundizar en los motivos de la diferencia entre los niños de seis a 12 años (37 % frente al 100 % y al 70 %), aparentemente menos expuestos a este tipo de manipulación.  En nuestra pequeña muestra, podemos hipo­tetizar que los niños más pequeños no tienen ninguna capacidad de protegerse. Los niños de entre seis y 12 años pueden ocultar mejor la manipulación o bien es más difícil detectar­la. Respecto a los adolescentes, parecería que aprenden a manipular para su propio beneficio y participan de forma más activa en la disfunción.  

Resultados  

Indicadores de riesgo observados en niños y adolescentes  En sesión de equipo, identificamos los indica­dores de riesgo observados con más prevalen­cia (ver la gráfica 2 del anexo):  • Trastornos de conducta: prevalencia en ado­lescentes.  • Inadaptación escolar: se ha observado en to­das las edades.  • Ansiedad: prevalencia muy alta de ansiedad en niños de seis a 12 años.  • Conductas sexualizadas: se ha observado en niños hasta los 12 años.  • Dificultades de aprendizaje: se ha observa­do en todas las edades. Para Escapa (2007), existe una clara relación entre la falta de ren­dimiento escolar y los conflictos a causa de las separaciones en los hijos. • Absentismo escolar: indica negligencia por parte de los padres. • Maltrato físico: el niño es víctima de maltrato. Se ha observado en niños a partir de los seis años.  • Trastorno alimentario: se ha observado en ni­ños a partir de los seis años.  • Rechazo a uno de los progenitores: prevalen­cia muy alta entre niños de seis a 12 años.  • Retraso madurativo, se ha observado en varios niños de seis a 12 años.  • Relaciones sociales conflictivas: se ha observa­do en adolescentes.  • Consumo de tóxicos: se ha observado en ado­lescentes.  • Trastorno del lenguaje: se ha observado en ni­ños de hasta los 12 años.  A excepción del maltrato físico y del absen­tismo escolar, que son atribuibles a la acción y responsabilidad directa de los padres, el res­to de indicadores observados se explican por la afectación de los niños y adolescentes en la problemática familiar que sufren y, por tanto, se explican por los efectos del maltrato psicológi­co que padecen.  Destacamos como indicadores más signifi­cativos la prevalencia de la ansiedad, especial­mente entre niños de seis a 12 años, y el rechazo a uno de los progenitores, también en especial en estas edades.  Linares (2015) habla del comportamiento del hijo ante la triangulación: “el hijo toma posición porque, en caso contrario, él mismo se conver­tiría en terreno de confrontación. Se alía con un progenitor contra el otro para sobrevivir, se in­clina para seguir siendo sujeto, garantizándose la posibilidad de percibirse como persona”.  La presión del conflicto parental afecta a la autoestima del niño, que a menudo resuelve el conflicto de lealtades tomando partido por el progenitor más frágil, o por el que le ofrece me­nos seguridad, quedando atrapado en un víncu­lo disfuncional.  Indicadores de mejora observados en niños y adolescentes  En sesión de equipo, identificamos los indica­dores de mejora observados en niños y adoles­centes después de al menos un año de interven­ción en el EAIA.  En la gráfica 3 del anexo, observamos preva­lencia en todas las edades en que los niños y adolescentes estaban objetivamente “más tran­quilos”, a criterio de los profesionales referentes del caso.  Se observó una prevalencia donde niños y adolescentes recuperaron la relación con el pa­dre. Este dato está relacionado con la privación de visitas y comunicaciones (acción y responsa­bilidad del adulto), más que con el rechazo a uno de los progenitores, que indica la respuesta del niño o adolescente al juego relacional familiar.  Del resto de indicadores de mejora, la mayo­ría son responsabilidad de los padres: mejora el absentismo, desaparece el maltrato físico y me­jora la puntualidad en la escuela, lo que expli­caría que la intervención del EAIA tiene como resultado observable la remisión del maltrato psicológico.  Recursos de tratamiento para niños y adoles­centes  En la gráfica 4 del anexo, observamos los ser­vicios de tratamiento psicológico para niños y adolescentes. Vemos que el 50 % de los niños de entre cero a cinco años fueron tratados en el CDIAP. El 43 % de los niños de entre seis y 12 años recibieron tratamiento: el 12 % en el CSMIJ, y el 31 % reci­ben apoyo psicológico en algún centro privado o concertado. Un 40 % de los adolescentes fue­ron tratados en el CSMIJ, que dispone de unidad de toxicología.  Índices de mejora  Después de al menos un año de intervención en el EAIA observamos que niños y adolescen­tes experimentaron una mejora significativa, observable en los indicadores que ya hemos descrito.  La gráfica 5 del anexo indica la totalidad de niños que experimentaron mejoras después de la intervención del EAIA.  El 100 % de los niños de entre cero a cinco años mejoraron, el 81 % de los niños de entre seis a 12 años también, así como el 90 % de los adolescentes.  Si comparamos estos datos con la gráfica 4 del anexo, vemos que las mejoras no son atri­buibles a los tratamientos psicológicos que re­cibieron:  • De 0 a 5 años mejoraron el 100 % (recibieron tratamiento el 50 %)  • De 6 a 12 años mejoraron el 81 % (recibieron tratamiento el 43 %)  • De 13 a 18 años mejoraron el 90 % (recibieron tratamiento el 40 %)  De manera que podemos concluir que las me­joras observadas pueden atribuirse a los efectos terapéuticos y educativos de la intervención del EAIA y a la remisión del maltrato psicológico.  Indicadores de riesgo observados en los padres  Otro elemento de análisis fueron las caracte­rísticas de los progenitores, y quisimos diferen­ciar las características e indicadores que pre­sentaban padres y madres por separado.  En la gráfica 6 del anexo, vemos que el 78 % de las madres presentaba indicios de trastorno mental o de personalidad, frente al 48 % de los padres, cuya afectación se distribuye en 32 % con indicios de trastorno mental o de personali­dad, el 5 % ludopatía y el 11 % alcoholismo.  Sería interesante profundizar en estos da­tos. Nuestra hipótesis es la siguiente: ya que las madres tienen un papel más relevante en la protección de los hijos, cuando ellas están más afectadas, estos quedan más desprotegidos y por ello llegan a ser atendidos por el EAIA.  Recursos de tratamiento para adultos En la gráfica 7 del anexo, podemos observar los recursos de tratamiento que siguieron pa­dres y madres. Vemos que sólo un 33 % de los padres afectados recibió algún tratamiento, to­dos ellos en el CAS, frente al 87 % de las madres, que recibieron tratamiento en el CSMA, apoyo psicológico o SARA. La mayoría se refieren a trastornos de personalidad de base narcisista, al igual que sucede con la patología de los padres del SAP (Baker, 2017). Relación judicial Por último, consideramos la pertinencia de analizar la intervención de la instancia judicial en los casos atendidos.  En la gráfica 8 del anexo, observamos que en el 77 % de los casos existía un convenio regula­dor de la custodia y régimen de visitas. En estos casos, hubo algún tipo de proceso judicial y la correspondiente resolución judicial. Por lo tan­to, podemos afirmar que el 77 % de los casos venía de un periplo judicial más o menos prolon­gado en el tiempo que no logró resolver las dife­rencias de los padres en el ejercicio responsable de la coparentalidad.  Solamente en el 13 % de los casos atendidos por el EAIA intervino también el EATAF. En el 30 % de los casos, la autoridad judicial emitió resolución a propuesta del EAIA.  Motivo de derivación El motivo de derivación de estos casos al EAIA es variado y en general no tiene relación directa con el conflicto conyugal: negligencia, sospecha de abuso sexual, absentismo escolar grave, dificultades para atender el caso desde los Servicios Sociales, etc.  En su mayoría fueron casos derivados por los Servicios Sociales.  Metodología de intervención  La metodología de trabajo del EAIA para todos los casos es realizar un estudio de la situación personal y familiar del niño o ado­lescente en un plazo de unos seis meses. De esta manera, se determina si es necesario pro­poner medidas de protección y llevar a cabo un seguimiento a través de acuerdos de cola­boración con los padres. El objetivo, a grandes rasgos, es la desaparición de los indicadores de riesgo por los que entró el caso al EAIA.  Hemos observado que, en la tipología de ca­sos que nos ocupa, la intervención del EAIA tiene características diferenciales, en el sentido que desde las primeras entrevistas se trabajan aspectos de las disfunciones familiares que re­quieren un abordaje inmediato. La propuesta de medidas de protección propiamente entendidas queda en segundo plano y lo más importante es la atención directa a padres e hijos.  Si analizamos con más detalle el contenido de la intervención, vemos que desde las primeras entrevistas se fue profundizando en la natura­leza de las disfunciones familiares y en cómo el niño es presionado, es llevado a formar parte del conflicto y a tomar una posición activa, ya sea de rechazo, de mensajero, de confidente, de espía.  Cada una de estas acciones de los padres ha sido identificada y diagnosticada, incidiendo en la responsabilidad parental y dejando al descu­bierto y aislando el conflicto conyugal que sus­tenta el maltrato.  Estas acciones fueron interceptadas por par­te de los profesionales del EAIA, señalando y marcando lo inadecuado de éstas. A modo de ejemplo:  • Liberamos el espacio escolar como campo de disputa entre los padres, con la ayuda de la di­rección de la escuela y un acuerdo por escrito con los padres.  • Bloqueamos el cambio de centro escolar pro­movido por la madre sin el consentimiento del padre, con la ayuda del inspector y la direc­ción de los dos centros escolares implicados.  • Marcamos aquellos mensajes inadecuados, manipulaciones que los hijos o los propios padres nos revelan y los identificamos como maltrato psicológico, dando espacio y opor­tunidad de tomar consciencia de los efectos perjudiciales en los hijos.  • Señalamos como perjudiciales las decisiones unilaterales de ambos padres cuando éstas parcializan la atención a su hijo: problemas con la ropa comprada por el otro progeni­tor, gestión de las actividades extraescolares, problemas con la pensión de alimentos, etc.  También se realiza una intervención de es­cucha del malestar de los padres y de los hijos, ofreciendo apoyo y contención para que el con­flicto pueda ser canalizado por vías más saluda­bles, respetando los lugares simbólicos corres­pondientes a cada uno de los miembros de la familia.  Por ejemplo, en un caso donde los hijos esta­blecían una relación de ataque y queja a la ma­dre, tanto la escucha y contención a ésta, como al padre y a los hijos, permitió un reajuste en la influencia inconsciente, debido a una demanda anterior de la madre por supuesta desatención del padre a los hijos. La angustia que ello gene­ró en la madre le hizo sospechar y su demanda judicial generó efectos en el padre, que se sintió amenazado y transmitía la angustia a los hijos. Inicialmente, los padres no podían hablar entre ellos y la madre se sentía como una mujer mal­tratada. Fruto de los efectos terapéuticos y educativos de nuestra intervención, a menudo se aprecian pequeños cambios, algunas mejoras y fluctua­ciones en el nivel de gravedad del maltrato psi­cológico. Generalmente, los padres presentan capacidades de protección y el nivel de maltrato no requiere de una medida de separación, sino de medidas de tratamiento individual o familiar o ambos, además del seguimiento del EAIA.  En ninguno de los casos de la muestra se pro­puso el desamparo.  Si analizamos los acuerdos escritos donde definimos los términos del seguimiento, en su mayoría les propusimos acuerdos muy genera­les, como los siguientes: respetar la figura de la madre/del padre; preservar el espacio de rela­ción de los hijos con el otro progenitor; evitar que los hijos participen de los conflictos entre los padres.  Estos acuerdos se formalizan en un documen­to llamado Compromiso socioeducativo (COSE) y es firmado por ambos padres. De esta manera, justifican el seguimiento administrativo del caso por parte del EAIA durante un año prorrogable.  Nuestra valoración es que el seguimiento es necesario más allá de un año, no para mantener la frecuencia de la intervención, sino para ofre­cer a las familias un punto de referencia profe­sional, sobre todo si la situación se complica.  El COSE introduce una formalidad administra­tiva para las familias, que aunque puede ayudar a preservar la autoridad del equipo frente a la función de seguimiento, consideramos que la relación de confianza con los padres e hijos es el principal motor de ayuda.  Cuando no ha habido colaboración o capa­cidad por parte de alguno de los padres para modificar estas conductas y han persistido en la manipulación y el conflicto, hemos realizado informes para el juzgado con propuestas de mo­dificación de la custodia o del régimen de visitas para promocionar al progenitor más capacitado. Estos informes han sido dirigidos a las instancias judiciales implicadas en las causas litigantes y, generalmente, han sido tomados en cuenta para la resolución de la situación problema.  En los casos tratados, la valoración de la gra­vedad del maltrato ha requerido una dedicación y consideración atentas, dado que las dinámi­cas relacionales no son estáticas y se producen fluctuaciones y reacomodaciones relacionales de forma oscilante, con períodos de crisis o alta conflictividad, y otros de mejoría. Esta caracte­rística ha provocado también la dedicación di­ferencial respecto a otros casos y, a lo largo de las entrevistas, se ha ido poniendo el acento en los aspectos de más riesgo y gravedad, promo­viendo la toma de conciencia en los padres y valorando, a su vez, las capacidades de cambio y la reorientación de objetivos.  

Discusión  

Los elementos que consideramos clave para conseguir efectos terapéuticos y educativos en las familias son los siguientes. El encuadre. La intervención del EAIA, a dife­rencias de otros servicios, focaliza la interven­ción en la protección de los niños y adolescen­tes y tiene capacidad para proponer medidas de protección a los organismos competentes: DGAIA o juzgado.  Conocer, respetar y acoger la posición de los dos progenitores por igual, tomando partido por el niño o el adolescente. Explorar la histo­ria de vida y de pareja nos permite establecer una relación de confianza con cada uno de los progenitores: la necesaria vinculación profe­sional para incidir en las dinámicas familiares.  Entrevistas y visitas al domicilio con los ni­ños y el padre o la madre. Explicitar el juego relacional, profundizar en la naturaleza de las disfunciones y en cómo el niño es presionado a tomar parte activa: el hijo mensajero, espía o confidente.  Interceptar mensajes y acciones objetivamen­te perjudiciales, con el apoyo de otros profesio­nales y servicios.  Características de la intervención del EAIA. Con este tipo de familias realizamos un estu­dio ordinario como en cualquier otro caso, aun­que la intervención está más enfocada a tratar las dinámicas familiares que a proponer posibles medidas de protección.  Requiere una dedicación importante en inten­sidad, frecuencia y duración.  El desamparo no suele ser una medida ni efi­caz ni viable.  La intervención del EAIA en estos casos per­mite regular el juego relacional familiar y tiene un impacto positivo, observable en los niños y adolescentes. Pone el acento en las responsa­bilidades, en los deberes, por encima de los de­rechos, de los padres pero también de los hijos. Para la psicoanalista Doltó (1989), se debería proteger el deber del hijo de visitar al padre para no perjudicarlo a él ni a sí mismo; se trata de respetar el acuerdo de los padres, es un de­ber de responsabilidad.

Conclusiones  

Los datos demuestran que la intervención del EAIA es eficaz: el maltrato psicológico remite y los niños y adolescentes atendidos mejoran sig­nificativamente.  No hay mecanismos de coordinación entre el sistema judicial y el de protección a la infancia, ni tampoco definición de competencias de los equipos técnicos para la protección de los niños desde el primero. Los casos que llegan al EAIA son una minoría de los niños afectados por esta problemática.  No hay servicios dedicados a la prevención del maltrato psicológico. Propuestas  • Desarrollar e implementar programas de infor­mación, prevención y sensibilización social a la población en general.  • Desarrollar e implementar programas y ser­vicios de orientación y atención específica a las familias en proceso de separación, con especial dedicación a los niños y adoles­centes.  • Identificación y divulgación de indicadores de maltrato psicológico entre los servicios de la red como escuelas, servicios médicos y otros.  • Detección precoz del maltrato psicológico para atender y prevenir daños emocionales graves.  • Atención especializada y seguimiento de los casos más graves desde servicios con capa­cidad para proponer medidas de protección como es el EAIA.  • Revisión de protocolos, funciones y directrices técnicas y administrativas entre el sistema de protección y el sistema judicial para poner en el centro de atención y protección a los niños y adolescentes.  

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