Introducción

En estudios realizados sobre la incidencia de los trastornos mentales en la población infanto-juvenil general, Navarro-Pardo, Moral, Galán y Beitia (2012) señalan el aumento de aquellos trastornos en los que las variables ambientales y contextuales, como convenciones sociales y pautas educativas, podrían mediar como elementos de contención, como es el caso de los trastornos de conducta y ansiedad.  A este respecto, Fernández et al. (2010) reali­zaron una investigación sobre los trastornos de la conducta (TC) en la adolescencia en el País Vasco que supone una primera evidencia de su alta frecuencia en nuestro medio. Los TC son el motivo de consulta del 25-40 % de los adoles­centes que acuden a los Centros de Salud Men­tal extra-hospitalarios y son la causa de ingreso psiquiátrico del 47-76 % de los adolescentes atendidos. De la Peña Olvera y Palacios-Cruz (2011) también señalan los trastornos de la con­ducta disruptiva en la infancia y la adolescen­cia como uno de los motivos más frecuentes de consulta y asistencia psicológica, neurológica y psiquiátrica.  En la bibliografía revisada a nivel nacional e in­ternacional se aprecia cómo las tasas elevadas de sintomatología psicopatológica detectadas entre los menores y/o jóvenes infractores han derivado en un interés creciente por la salud mental de esta población. La prevalencia de los trastornos mentales es significativamente mayor en los menores usuarios de los recursos destina­dos a Justicia Juvenil. La Academia Americana de Psiquiatría Infanto-juvenil estima que entre el 40 y el 70 % de los menores en contacto con los Servicios de Justicia Juvenil pueden padecer un trastorno mental (Arroyo et al., 2001). A pesar de ello y tal y como señala la Academia Ameri­cana de Pediatría (2001) los trastornos mentales continúan siendo infra-diagnosticados. El meta-análisis de Fazel, Doll y Langström (2008) arroja tasas de prevalencia de trastor­nos mentales hasta diez veces superiores a las de la población infanto-juvenil general. Este trabajo, que supone el análisis de 25 estudios e incluye datos de 13.778 chicos y 2.972 chicas de entre 10 y 19 años usuarios de recursos de Justicia Juvenil, estima que las prevalencias de psicosis, trastorno por déficit de atención e hi­peractividad (TDAH), depresión y trastornos de conducta son de 3,3 %, 11,7 %, 10,6 % y 52,8 % respectivamente en chicos; y de 2,7 %, 18,5 %, 29,2 % y 52,8 % en chicas.  La investigación sobre la prevalencia de los trastornos mentales en el entorno de la justicia de menores ha aumentado en los últimos años, pero sigue siendo limitada en comparación con investigaciones similares en adultos. Los esca­sos estudios sobre las características de salud mental de esta población se han centrado casi exclusivamente en los jóvenes en detención y no en el grupo más amplio de los jóvenes den­tro del sistema de justicia de menores. Los TC y trastornos por consumo de sustancias obtienen las tasas más altas de prevalencia, pero también otros trastornos mentales se presentan común­mente en esta población. Debido a que los crite­rios de TC se superponen con la conducta delic­tiva, algunos autores han proporcionado tasas de trastorno mental excluyendo este trastorno (Vreugdenhil, Doreleijers, Vermeiren, Wouters y van den Brink, 2004). Aun así, más de la mi­tad de estos adolescentes son diagnosticados con al menos otro diagnóstico psiquiátrico. Se ha encontrado que los jóvenes detenidos tenían niveles más altos de ambas patologías, las inter­nalizadas y las externalizadas, en comparación con los jóvenes no arrestados (Vermeiren, Jo­nes, Ruchkin, Deboutte y Schwab-Stone, 2004). La comorbilidad, definida como la presencia de más de un trastorno, ha sido consistentemente diagnosticada en más de la mitad de los jóvenes delincuentes, un hallazgo que pone de relieve la complejidad de los problemas psiquiátricos en estos jóvenes (Vermeiren, Jespers y Moffitt, 2006). Folino y Mayer (2011) subrayan que en la jus­ticia de menores la evaluación de los adoles­centes es de gran importancia, con el fin de detectar las características de la personalidad y la patología. Baum, Archer, Forbey y Handel (2009; citado en Folino y Mayer, 2011) realiza­ron una extensa revisión de la literatura con el fin de sintetizar la investigación realizada con el Inventario de Personalidad Multifásico de Min­nesota – Adolescentes (MMPI -A) y el Inventario Clínico para Adolescentes de Millon (MACI). Se utilizaron las normas chilenas del MACI y se in­formó de que las escalas que muestran las ma­yores diferencias son: Rebelde, Rudo, Insensibi­lidad social, Inclinación al abuso de sustancias y Predisposición a la delincuencia.  Bailey y Tarbuck (2006), Rioseco et al. (2009) y Alves, Vilariño y Arce (2013) encuentran ne­cesidades de salud mental desproporcionada­mente más altas en la población de menores infractores o bien una elevada presencia de pa­tología psiquiátrica en relación con la población general. En los últimos años parece existir un impor­tante aumento de la prevalencia de los trastor­nos de personalidad en la población general y, de manera específica, en los centros de Justicia Juvenil. Actualmente, la frecuencia estimada es del 12,7-14,6 %, con una prevalencia acumulada a los 33 años del 28,2 % (Johnson et al., 2008). Desafortunadamente, no existen estudios epi­demiológicos rigurosos que reflejen la prevalen­cia real de los mismos en el medio de Justicia Juvenil. Son fundamentalmente dos los trastor­nos de la personalidad que, debido a su eleva­da prevalencia y comorbilidad (con el abuso de sustancias estupefacientes y con las conductas violentas), deben ser detectados en el ámbito de la Justicia Juvenil: el trastorno disocial de la personalidad y el trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad. Además, existe comorbilidad de distintos ti­pos de trastorno o sufrimiento en estos jóvenes. Este hecho requiere implementar una especiali­zación y abordaje terapéutico en los centros de Justicia Juvenil (Estalayo, Rodríguez-Ochoa y García-Hormaza, 2014).  La mayoría de profesionales del sistema de justicia juvenil en España carecen de los instru­mentos apropiados para realizar una adecuada evaluación de los factores asociados a la con­ducta delictiva. Por otra parte, el modelo tradi­cional de psicodiagnóstico poco nos aporta de cara a la verdadera rehabilitación social (López-Latorre, Alba-Robles y Garrido-Genovés, 2005).  La alta prevalencia en jóvenes infractores de enfermedades mentales, de consumo de drogas y de trastornos del ánimo y de la personalidad deben ser parte fundamental de los programas de tratamiento (Prato, Espejo, Valdivieso, Agui­rre y González, 2011).  En los estudios sobre la eficacia de las inter­venciones con menores infractores se atiende al tipo de medida judicial aplicada y la tasa de reincidencia más elevada corresponde a aque­llos jóvenes que han cumplido medidas de inter­namiento (con un porcentaje de reincidencia de alrededor del 60 %). Se trata de un grupo de me­nores que muestran mayor número de factores de riesgo, déficits y necesidades criminógenas (Redondo-Illescas, Martínez-Catena y Andrés-Pueyo, 2012). En este sentido, desde nuestra experiencia resulta especialmente importante realizar, desde el ingreso en el centro de inter­namiento de Justicia Juvenil, un diagnóstico clí­nico y social. De esta manera, se puede orientar y diseñar la intervención educativa y terapéutica específica que requiera cada caso particular, con el interés de optimizar la intervención y conse­guir mayores niveles de eficacia (Estalayo, Ro­dríguez-Ochoa y García-Hormaza, 2014). En el proceso de evaluación con menores infractores resulta fundamental diferenciar el tipo de vio­lencia predominante y concomitante al síntoma trasgresor y otros presentes, lo que redundaría en beneficio de la prevención y la intervención con esta población. Se debe tener en cuenta que los adolescentes muestran diferentes tipos de violencia, y a cada uno de ellos subyacen procesos cognitivos, emocionales y conductua­les diferenciados, por lo que la intervención a implementar debe ser diferente atendiendo a la especificidad de cada tipo de violencia. El co­nocimiento de la etiología y el curso del TC es importante para comprender y prevenir una se­rie de resultados problemáticos en el ajuste a lo largo de la vida, incluyendo los problemas de salud mental, los cuales pueden devenir en pro­blemas de exclusión social (Barry, Golmaryami, Rivera-Hudson y Frick, 2013).  Desde una perspectiva funcional, Dodge (1991) ha distinguido dos tipos de agresión en función de los procesos motivacionales y cog­nitivo-emocionales que subyacen a la conduc­ta agresiva: la agresión reactiva y la proactiva. Según Andreu, Peña y Larroy (2010), existen numerosas clasificaciones tipológicas de la agresión sin haberse alcanzado aún un acuerdo en la comunidad científica. Observaron que la conducta antisocial está fuertemente asociada con la agresión proactiva. Por ello, la prevención del comportamiento antisocial durante la ado­lescencia debe prestar atención a la des-instru­mentalización de la agresión.  Penado, Andreu y Peña (2014) consideran un tercer tipo de agresión de tipo mixto para aquellos sujetos que manifiestan tanto compor­tamientos agresivos reactivos como proacti­vos. Estos autores hallaron que, además de la impulsividad, la conducta antisocial es un factor predictor de la agresividad reactiva (aunque en menor medida que en la agresividad proacti­va). También señalan la importancia que tiene no sólo la conducta antisocial sino la desinhibi­ción y la impulsividad como factores predicto­res de la agresividad proactiva. Finalmente, la agresividad mixta presenta características más semejantes a la agresividad proactiva, encon­trándonos en estos adolescentes una elevada presencia de conducta antisocial.  Desde nuestra experiencia en Justicia Juve­nil resulta muy difícil hablar de tipos puros de violencia. Lo común es que ambos tipos de violencia convivan en un mismo joven, aunque, eso sí, con una mayor prevalencia de uno de los tipos sobre el otro. Por ello, en la presente investigación, se diferencia a su vez dos tipos de violencia mixta, atendiendo a que se observe una predominancia reactiva o bien una proacti­va. De esta manera, se establecen cuatro tipos de violencia en un continuo de menor a mayor gravedad, partiendo de la violencia reactiva en el extremo de menor gravedad a la violencia proactiva en el de mayor gravedad. El riesgo de responder erráticamente al tipo de violencia es instrumentalizar lo reactivo o dejar impune lo proactivo, generando menor empatía y proce­sos de psicopatía.  En el DSM-IV, el TC se divide en subtipo de inicio en la infancia y subtipo de inicio adoles­cente, en función de si el primer síntoma surge antes de los 10 años de edad. Existe evidencia suficiente para apoyar esta distinción y se ha relacionado una mayor gravedad y persistencia de los problemas con el TC subtipo inicio en la infancia en comparación con el de inicio ado­lescente. El mayor cambio que se propone en los criterios del DSM-5 para los TC es la adición de un especificador para designar a los jóvenes con presencia de emociones prosociales limita­das o rasgos de dureza e insensibilidad afectiva (Molinuevo, 2014). Varios estudios han demos­trado que estos adolescentes son más difíciles de tratar y con frecuencia no responden al tí­pico tratamiento en centros de Salud Mental o de la Justicia de menores (Barry, Golmaryami, Rivera-Hudson y Frick, 2013).  López-Romero, Romero y Luengo (2011) en­cuentran evidencias que permiten plantear la manifestación de rasgos psicopáticos antes de la etapa adulta, justificando su análisis ya no solo como precursor de psicopatía, sino como un nuevo factor de riesgo para problemas de conducta severos y persistentes, patrones de conducta agresiva (especialmente de tipo proactivo) y comportamientos delictivos de ini­cio temprano. La Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la res­ponsabilidad penal de los menores, establece medidas terapéuticas tales como el tratamien­to ambulatorio y el internamiento terapéutico. Este último se prevé para aquellos casos en que los menores, bien por razón de su adicción bien por disfunciones significativas de su psiquismo, precisan un contexto estructurado en el que po­der desarrollar una programación terapéutica al no darse las condiciones idóneas en el menor o su entorno para el tratamiento ambulatorio. Todas las medidas judiciales de menores, de ca­rácter firme, quedan definidas por la duración que impone el juez, de forma que el ingreso no puede exceder dicho tiempo. Sí puede terminar antes, ya que la Ley prevé la posibilidad de una finalización previa en base a criterios educativo-terapéuticos de los que se debe informar. Según Feduchi (2007), el trabajo en el ámbito de Justi­cia Juvenil supone la adaptación a un encuadre temporal determinado por la medida judicial, que permite el desarrollo de un proceso psico­terapéutico de tipo focal. El objeto de la presente investigación consiste en evaluar la intervención en un centro de Justi­cia Juvenil mediante el contraste del estado clí­nico de un grupo de menores y/o jóvenes infrac­tores que se encuentran allí ingresados.  La hipótesis de la investigación es que el re­sultado del ingreso en el centro supondrá una atenuación de los síntomas clínicos que presen­ten, así como una compensación de los rasgos de personalidad más psicopatológicos.  La investigación tiene otro objetivo secunda­rio que consistiría en describir el perfil proto­típico de los menores y/o jóvenes infractores. En este sentido, esperamos encontrar mayo­res diferencias respecto a la población general adolescente en las escalas del MACI Rebelde, Rudo, Insensibilidad social, Inclinación al abuso de sustancias y Predisposición a la delincuencia. También esperamos encontrar diferencias sig­nificativas en aquellas escalas que indiquen pre­sencia de psicopatología tales como Tendencia límite, Propensión a la impulsividad y Tendencia al suicidio. Por otra parte, es posible que la estancia en el centro suponga un aumento en la escala de Insensibilidad social.

Método

Muestra  El estudio queda constituido por 18 episodios de ingreso en un centro de Justicia Juvenil rea­lizado por 16 adolescentes. La edad de los parti­cipantes oscila entre los 14 y los 19 años, siendo la edad media 16,5 (D.E. = 1,5). La muestra está compuesta exclusivamente por chicos, siendo ésta una condición de adscripción del centro en el que se realiza la investigación.  En un 72,2 % de los episodios de ingreso cum­plían medidas de internamiento en régimen semi-abierto, en un 16,7 % convivencia en gru­po educativo y en un 11,1 % internamiento te­rapéutico. En relación con el delito por el cual estaban cumpliendo medidas, referir que un 33,3 % habían cometido un delito de violencia filio-parental, un 16,7 % habían quebrantado una medida de medio abierto, un 16,7 % habían co­metido robo con violencia, un 11,1 % habían co­metido robo con violencia e intimidación, un 11,1 % habían realizado un quebrantamiento de una medida de medio abierto y habían cometido nuevos delitos (pendientes de juzgar), seguidos por la comisión de robo con violencia (5,6 %) y, por último, lesiones (5,6 %).  Un 50 % de los casos son nacidos en la Co­munidad Autónoma Vasca (CAV), en un 11 % en otras comunidades españolas y en un 38,9 % son nacidos en países extranjeros (de los cuales cin­co casos proceden de países latinoamericanos).  Un 22,2 % de los casos no han superado los es­tudios de primaria, en un 44,6 % han alcanzado la educación primaria completa y en el resto de los casos han cursado estudios de secundaria. Sólo un caso ha logrado completar los estudios de secundaria. En el momento de ingreso, el 72,2 % de los casos se hayan inscritos en algún programa formativo. Finalmente, hacer notar que en un 94,4 % de los casos han repetido al­gún curso durante su formación.  Un 44,4 % de los casos han residido en cen­tros de Protección de Menores, de los cuales un 27,8 % han estado en tres o más centros de Protección.  Un 83,3 % de los episodios de ingreso tiene antecedentes en salud mental y un 50 % ha realizado tres o más tratamientos. No obstan­te, resulta llamativo el infra-diagnóstico en esta muestra ya que solamente han sido diagnosti­cados tres de los 18 episodios de ingreso en el centro. Por otra parte, en todos los casos hacen un uso habitual de cannabis y/o alcohol. Solo en cuatro casos (22,2 %) no han consumido cocaí­na y tres participantes han hecho uso ocasional de heroína. Respecto al origen y tipo de violencia, un 55,6 % de los casos son de inicio en la infancia y un 44,4 % de inicio en la adolescencia. Un 61,1 % de los episodios de ingreso presenta una violen­cia mixta reactiva, un 27,8 % una violencia mix­ta proactiva y un 11,1 % una violencia proactiva. Por otra parte, un 50 % de los episodios mues­tra rasgos de dureza e insensibilidad afectiva si­guiendo los criterios establecidos en el DSM-V.  Procedimiento  El contexto en el que se desarrolla la presente investigación es un centro de Justicia Juvenil, un servicio residencial permanente pertene­ciente a la red de recursos para el cumplimien­to de medidas judiciales impuestas a menores en la CAV del Departamento de Justicia Juve­nil del Gobierno Vasco, que presta atención las 24 horas del día durante todos los días del año. Es un centro de los denominados de Nivel II, o de integración comunitaria, que posibilita que los menores y/o jóvenes que en él residan en el cumplimiento de sus medidas judiciales pue­dan hacer un uso cotidiano de recursos de la red comunitaria cuando su proceso educativo-terapéutico así lo requiera. El centro cuenta con una capacidad para atender 11 plazas. Las me­didas que se llevan a cabo son medidas judicia­les de internamiento en régimen semi-abierto y abierto, internamiento terapéutico, convivencia en grupo educativo, permanencia de fines de semana en centro y prestación en beneficio a la comunidad. También se encuentra preparado para la realización de todas estas medidas en régimen cautelar.  Se obtuvo autorización y colaboración de la dirección del centro y del Departamento de Justicia Juvenil del Gobierno Vasco para la revi­sión de los historiales, y se elaboró una ficha de recogida de datos que queda estructurada en los apartados de datos judiciales, académicos, antecedentes en salud mental y sistema de pro­tección de menores, comorbilidad con consumo de tóxicos, origen y tipos de violencia, rasgos de dureza e insensibilidad afectiva, características del sistema familiar, escalas pre-test y post-test del MACI (al inicio y a la finalización de la medi­da judicial) y recursos comunitarios de reinte­gración.  La intervención que se lleva a cabo en el cen­tro de Justicia Juvenil tiene como modelo te­rapéutico de referencia la Psicoterapia de Vin­culación Emocional Validante (VEV). La VEV se enmarca dentro de los modelos integradores en psicoterapia y constituye una metodología es­pecializada de intervención en dispositivos de justicia juvenil y protección de menores. Es un enfoque psicoterapéutico de apoyo de tiempo limitado con un encuadre de relación cotidiana a implementar desde contextos de control, en supuestos de involuntariedad de tratamiento, trastornos graves o egosintónicos que conlle­ven desregulación emocional, desorden relacio­nal e impacto en el entorno. Se procura crear un entorno contenedor que posibilite validar la experiencia emocional de los menores. La ge­neración de este tipo de ambiente validante y de esta movilización del estilo de apego origina­rio hacia un apego seguro se articula en cuatro etapas, cada una de ellas definida por una serie de fases. Es condición indispensable y necesaria que el joven haya superado los aspectos funda­mentales de cada una de las etapas para que el equipo profesional se plantee iniciar con garan­tías la siguiente, puesto que la etapa anterior es el cimiento indispensable sobre la que se apoya la posterior (Estalayo, Rodríguez-Ochoa y Ro­mero-León, 2009).  Al inicio del ingreso, se realiza una evaluación clínica y social para poder orientar y diseñar la intervención educativa y terapéutica específica que requiera cada caso particular. Durante el primer mes de estancia en el centro se aplica el MACI para evaluar la presencia de distintos tipos de signos que se encuentren en el origen de la desregulación. Además, y atendiendo a la espe­cificidad del caso y las primeras impresiones que la exploración psicopatológica sugiera, puede ser necesario el empleo de otros instrumentos.  Se procede a recoger información a través de entrevistas individuales, entrevistas familiares (con y sin presencia del menor infractor) y re­uniones de coordinación con los principales re­cursos de referencia (sanitarios, formativos y/o institucionales). Por otra parte, se posibilita un encuadre que permite realizar un análisis de la demanda (o ausencia de la misma) del menor o joven y de su sistema convivencial o familiar de referencia. Esta evaluación resulta fundamental para realizar un diagnóstico precoz y diseñar un tratamiento “a medida”, no fijar el síntoma (no reproducir el patrón relacional etiopatogénico), derivar a los recursos externos adecuados en el momento oportuno y generar conciencia de problema y de sus recursos (conectar el sínto­ma con el sufrimiento psíquico y/o la dificultad social). La metodología de la VEV consta de las diferentes modalidades de intervención in­dividual, familiar, grupal y/o comunitaria, valo­rándose el tratamiento adecuado atendiendo a cada caso particular.  Para evaluar si realmente la intervención apli­cada en el centro había producido un cambio significativo en los adolescentes, se utilizó el mé­todo del test-retest, de manera que contestaron la prueba al inicio de la medida judicial (durante el primer mes) y a la finalización de la misma (antes de su salida del centro). El inventario se administró de manera individualizada por pro­fesionales sanitarios y estudiantes en prácticas supervisados, con una duración variable que rondaba los 40 minutos. En ambas ocasiones, a la hora de la aplicación de la prueba, se informó a los sujetos del anonimato y la voluntariedad de la misma y se pidió que contestaran lo más acorde a sus pensamientos y actitudes. Por otro lado, también se informaba a los participantes que administrado el MACI y obtenidos los datos del mismo, si lo deseaban, serían informados de las puntuaciones obtenidas.  Instrumentos  Inventario clínico para Adolescentes de Millon (MACI; Millon, 1993). El MACI es un instrumento diseñado para la evaluación de las caracterís­ticas de la personalidad adolescente y sus sín­dromes clínicos, utilizándose en nuestro caso la adaptación española (Aguirre, 2004).  El MACI se ha posicionado como uno de los instrumentos de mayor uso en la evaluación psicológica de adolescentes (Camara, Nathan y Puente, 2000; Mc Cann, 1999), siendo muy útil para caracterizar a adolescentes con problemas clínicos y de adaptación social. Su validez y uti­lidad para caracterizar adolescentes con pro­blemas psicológicos ha sido ampliamente do­cumentada en adolescentes consultantes con trastornos psiquiátricos (Grilo, Fehon, Walker y Martino, 1996; Grilo, Sanislow, Fehon, Martino y McGlushan, 1999; Hiatt y Cornell, 1999.  Análisis estadísticos Para la descripción de la muestra se utiliza­ron la frecuencia (n) y porcentaje (%) para la descripción de las variables de tipo nominal y la media (M) y la desviación estándar (DE) en el caso de las variables escalares. Se realizó un contraste de medias entre los resultados pre-test del grupo de estudio respecto a los datos normativos recogidos del manual. El contraste de medias se realiza a través de la t de Student para muestras independientes calculándose el tamaño del efecto (d de Cohen) de las diferen­cias encontradas para cada una de las dimensio­nes del MACI. Por otra parte, se valoró el cambio durante la estancia en el Centro de Justicia Ju­venil entre la medida basal pre-test y la evalua­ción realizada al final de la estancia en el post-test. Para ello se utilizó la prueba t de Student para muestras relacionadas e igualmente se cal­culó el tamaño del efecto de las diferencias de cambio observadas.  

Resultados 

En la Tabla 1 del anexo aparece, para el con­junto de dimensiones del MACI, el contraste de medias entre los datos de estudio respecto a los datos normativos. Se han apreciado diferencias estadísticamente significativas en gran parte de las dimensiones. A este respecto, en tres casos (Sumiso, Conformista e Incomodidad con res­pecto al sexo) las puntuaciones del grupo de es­tudio han resultado menores que los datos nor­mativos correspondientes. Estas diferencias son estadísticamente significativas y clínicamente relevantes, dado que el tamaño del efecto en los tres casos se sitúa por encima del valor uno (tamaño del efecto importante). En 18 dimensiones se observan diferencias es­tadísticamente significativas que muestran que la media del grupo de estudio presenta valores medios por encima de los valores normativos. Se hacen especialmente destacables las dimen­siones de Inclinación al abuso de sustancias (d = 2,31), la característica de Rebeldía (d = 1,79), Predisposición a la delincuencia (d = 1,60), Pro­pensión a la impulsividad (d = 1,29), Oposicionis­ta (d = 1,23), Rudo (d = 1,13), Tendencia límite (d = 1,12), Pesimista (d = 1,07) e Insensibilidad social (d = 1,06). Otras dimensiones que han resulta­do estadísticamente significativas también han alcanzado una d de Cohen por encima de .60 (tamaño del efecto moderado-alto) como es el caso de Difusión de identidad, Discordancia fa­miliar o Abusos en la infancia. Por otro lado, en la Tabla 2 del anexo aparece el contraste de medias post-pre test, es decir, se analiza el cambio observado tras la intervención. Se han identificado un total de 17 dimensiones del MACI que han ofrecido un cambio estadís­ticamente significativo. En tres de ellas (rasgos Histriónico, Egocéntrico y Conformista), se ha observado un incremento de las puntuaciones respecto a las valores basales y, en el caso del Histrionismo, el tamaño del efecto ha resultado ser de .81 (considerado un tamaño del efecto alto). El resto de dimensiones que han resultado estadísticamente significativas han presentado un cambio de puntuación indicando reducción de las puntuaciones, siendo las dimensiones más notorias las que hacen referencia a la Ten­dencia al suicidio (d = .88 ), Afecto deprimido (d = .73), Inhibición (d = .69), Pesimismo (d = .67), Alteración (d = .66), Desvalorización de sí mismo (d = .66), Inseguridad con los iguales (d= .65), Tendencias límites (d = .63), Desagrado con el propio cuerpo (d= .63), Características auto-punitivas (d = .62) y Oposicionista (d = .49).

Discusión 

Con la realización de este estudio nos propo­níamos evaluar el abordaje terapéutico ofreci­do en un centro de Justicia Juvenil mediante el contraste del estado clínico al inicio y a la fina­lización de cada ingreso. No obstante, también queríamos describir el perfil prototípico de los menores infractores. El logro de estos objetivos permitiría un mayor conocimiento de las carac­terísticas individuales que presentan estos me­nores de cara a adecuar el tratamiento a cada caso particular, así como respecto a la evalua­ción del tratamiento recibido en el centro con el propósito de detectar aspectos a mejorar y a mantener. Ambos propósitos se han visto par­cialmente alcanzados.  El tratamiento recibido durante el ingreso su­pone una mejoría clínica en tanto que durante la estancia en el Centro se produce una ate­nuación de los síntomas clínicos que presenta­ban en 14 dimensiones del MACI (Transparen­cia, Alteración, Introvertido, Inhibido, Pesimista, Oposicionista, Autopunitivo, Tendencia límite, Desvalorización de sí mismo, Desagrado con el propio cuerpo, Inseguridad con los iguales, Abu­sos en la infancia, Afecto depresivo y Tendencia al suicidio), constatándose una notoria mejoría clínica. Por otro lado, se evidencia una compen­sación del rasgo de personalidad Conformista. Finalmente, se observa un empeoramiento en el post-test en Histrionismo. El incremento de esta puntuación habría que contextualizarlo en la fase de cierre del tratamiento. Los adolescentes han vivenciado una experiencia emocionalmen­te correctora, han vinculado con gran parte del equipo profesional que ha funcionado durante un tiempo como sostén y “yo auxiliar” del me­nor y, sin embargo, en muchos casos no han lle­gado a interiorizar esos cambios, o bien, no han podido aún generalizar fuera los que han ido in­teriorizando en el centro, encontrándose en un momento de riesgo caracterizado por la ame­naza a su aún frágil identidad (Jeammet, 2002). La fase final en el centro en muchas ocasiones se expresa a través de recidivas (en consumo de tóxicos o a través de determinados incumpli­mientos en su Proyecto Educativo Individualiza­do). Los jóvenes en su salida y desde una mayor toma de conciencia de sus aspectos más frági­les suelen mostrar un funcionamiento regresivo y de búsqueda de atención.  Respecto al objetivo secundario, que trataba de describir el perfil prototípico de los meno­res y/o jóvenes infractores, se han detectado diferencias significativas respecto a la pobla­ción normativa en las escalas de Rebelde (d = 1,79), Rudo (d = 1,13), Insensibilidad social (d = 1,06), Inclinación al abuso de sustancias (d = 2,31) y Predisposición a la delincuencia (d = 1,60) coincidiendo con los resultados obtenidos por Baum, Archer, Forbey y Handel (2009). Los jó­venes infractores se caracterizan a su vez por presentar un cuadro comórbido, obteniendo puntuaciones más elevadas en Tendencia límite (d = 1,12), Propensión a la impulsividad (d = 1,29), Tendencia al suicidio (d = 0,84), Transparencia (d = 1,21), Alteración (d = 0,98), Pesimista (d = 1,07), Oposicionista (d = 1,23), Autopunitivo (d = 0,82), Difusión de la identidad (d = 0,91), Abu­sos en la infancia (d = 0,89) y Discordancia fa­miliar (d = 0,99). Los resultados observados, en consonancia con otras evidencias encontradas (Fernández et al., 2010; Arroyo et al., 2001; Fa­zel, Doll y Langström, 2008; Vermeiren, Jespers y Moffitt, 2006; Bailey y Tarbuck, 2006; Alves, Vilariño y Arce, 2013; Rioseco et al., 2009; Es­talayo, Rodríguez y García, 2014), reflejan una proporción más elevada de alteraciones psico­patológicas en los menores infractores en rela­ción con la población normativa, lo cual subraya la necesidad de aumentar abordajes basados en intervenciones terapéuticas. También cabe destacar las puntuaciones significativamente menores que obtienen en las escalas Sumiso (d = 1), Conformista (d = 1,24), Incomodidad con respecto al sexo (d = 1,66) y Sentimientos de an­siedad (d = 1,49). Las diferencias detectadas en estas cuatro escalas reflejan los elevados niveles de desinhibición que suelen presentar los ado­lescentes infractores. Estos resultados están en consonancia con el trabajo realizado por Pena­do, Andreu y Peña (2014), en el que destacan la desinhibición como el factor predictor exclusivo para la violencia mixta y la violencia proactiva. Este dato concuerda a su vez con la evaluación de los tipos de violencia en nuestra muestra de menores infractores, destacando la presencia de violencia mixta (en un 88,9 %) y de violen­cia proactiva (en un 11,1 %). Los datos obtenidos también son coincidentes con la investigación de Vermeiren, Jespers y Moffitt (2006), que en­contraron que los rasgos de dureza e insensibi­lidad afectiva (cuyos elevados niveles destacan en la muestra de la población infractora) están asociados negativamente con la ansiedad.  Por último, los resultados no indican un au­mento de la escala Insensibilidad social como preveíamos. A pesar de que se trata de un dato positivo, cabe reflexionar en las conclusiones sobre ésta y otras dimensiones cuyas puntua­ciones se mantienen estables tras la interven­ción desarrollada en el centro.  Atendiendo a los resultados obtenidos, hemos elaborado las siguientes conclusiones:  1. En lo relativo al perfil de los menores infrac­tores, aquellas escalas que coinciden con las planteadas por Baum et al. (2009); esto es, Re­belde, Rudo, Insensibilidad social, Inclinación al abuso de sustancias y Predisposición a la delin­cuencia, aluden a un perfil más disocial y repre­sentan rasgos más estructurales de la personali­dad. Por lo tanto, resultan menos permeables al cambio máxime en un periodo de tiempo limita­do tal y como se evidencia en las puntuaciones post-test. Con todo, y dada la situación de con­vivencia continuada con otros iguales infracto­res, resulta notorio apreciar que no empeoren estas características durante el internamiento. También pensamos que los posibles cambios a un nivel más profundo se han de producir en un periodo de tiempo mayor dado que suponen cambios estructurales en los adolescentes. En este sentido, sería recomendable realizar un se­guimiento con posterioridad a su salida del Cen­tro para valorar si tal cambio estructural pudiera producirse. Varios autores consideran la delin­cuencia juvenil como un fenómeno multicausal (Contreras y Cano Lozano, 2012; Martínez Ferrer et al., 2012; Redondo y Pueyo, 2007), constatán­dose a su vez la heterogeneidad en la sintoma­tología que presentan estos chicos (Alves, Vila­riño y Arce, 2013; Bailey y Tarbuck, 2006; Barry et al., 2013; Fazel, Doll y Langström, 2008; Fer­nández et al., 2010; Vermeiren, Jespers y Moffitt, 2006; Rioseco et al., 2009). Coincidiendo con ambas consideraciones, creemos que el ries­go de reincidencia aumenta significativamente cuando, además de la presencia de estos ras­gos estructurales, muchas otras escalas (indica­dores de otro tipo de sufrimiento psíquico) se encuentran altamente presentes (detalle obser­vado, precisamente, en las puntuaciones obte­nidas en el pre-test de nuestro estudio). No obs­tante, en el post-test se evidencia la mejoría en las puntuaciones en estas escalas (Transparen­cia, Alteración, Introvertido, Inhibido, Pesimista, Oposicionista, Autopunitivo, Tendencia límite, Desvalorización de sí mismo, Desagrado con el propio cuerpo, Inseguridad con los iguales, Abu­sos en la infancia, Afecto depresivo, Tendencia al suicidio y Conformista), que desde nuestra perspectiva representarían los contenidos y ob­jetivos propios de este tipo de intervención. Los menores infractores presentan cuadros estruc­turales como los que citan Baum et al. (2009) y además pueden tener otros sufrimientos psico­lógicos simultáneos que en la mayoría de oca­siones no han sido diagnosticados. Precisamen­te, estos otros factores son los que mejoran tras la intervención educativo-terapéutica en el cen­tro de Justicia Juvenil. Esta otra sintomatología presente en los menores infractores no sería la causa de la conducta antisocial sino que pudie­ra considerarse como los factores de manteni­miento de la conducta delictiva (p. ej. el Afecto depresivo, la Tendencia límite, la Tendencia al suicidio, el Pesimismo, la Desvalorización de sí mismo, la Alteración) o bien factores de protec­ción (la mejoría en las escalas de Inhibido, Intro­vertido, Conformista, Inseguridad con iguales). En consecuencia, los programas de tratamiento en centros de Justicia Juvenil no tendrían que ir destinados a combatir los factores estructura­les (poco permeables al cambio) sino incidir so­bre estos sufrimientos comórbidos en el menor potenciando el desarrollo de las capacidades y recursos del menor y su medio. Por ello, sería interesante incluir la perspectiva de un interna­miento terapéutico, así como del paradigma de la criminología positiva y realizar un buen diag­nóstico clínico y social que se centrase también en estas otras caras del sufrimiento presente en esta población, así como en sus recursos.  2. Los factores que se mantienen estables y representan rasgos estructurales de la persona­lidad pudieran considerarse como los factores de riesgo causales de la conducta antisocial y que tradicionalmente han ostentado la prima­cía en la intervención. No obstante, tal y como señala Garrido-Genovés (2015), existen otros correlatos o factores de riesgo que ayudan a mantener la conducta antisocial pero que no necesariamente la causan y que también pu­dieran funcionar como factores precipitantes de la conducta delictiva. Desde nuestra pers­pectiva, la intervención con pacientes tan gra­ves no consistiría tanto en eliminar los factores negativos o causales sino en incidir sobre los factores mantenedores que en la actualidad están determinando la conducta antisocial, así como introducir y potenciar factores de pro­tección y de promoción. La intervención debe­ría incidir en mayor medida en estos aspectos en aras a trabajar con objetivos realistas en un periodo de tiempo limitado. De esta manera, el objeto del tratamiento en estos contextos con­sistiría en que cuando estos factores estructu­rales se mantengan estables, todas las demás escalas (otros sufrimientos psicológicos) no se muestren alteradas; esto es, eliminar o disminuir los factores de mantenimiento y aumentar los factores de protección y promoción, disminu­yendo en consecuencia el riesgo de reinciden­cia. La intervención debe centrarse en introducir factores positivos y desarrollar los recursos del adolescente y su medio (familiar y comunitario), y no tanto en eliminar los factores negativos. 3. La mejoría clínica detectada favorece la vivencia de una experiencia positiva por parte de los sujetos en un tratamiento terapéutico de carácter intensivo y, en consecuencia, posibili­ta la toma de conciencia de su problemática, la adhesión al tratamiento y a la relación de ayuda con el objetivo en última instancia de iniciar, de manera voluntaria, un trabajo terapéutico (acor­de a las necesidades de cada caso particular) en un espacio normalizado. 4. Llama la atención la ausencia de un diag­nóstico psicológico o psiquiátrico en la mayo­ría de los sujetos. En el 83,3 % de los episodios se conoce que ha habido tratamientos psicoló­gicos previos y solo en el 16,6 % se constata un diagnóstico psiquiátrico. El elevado porcentaje de sujetos que han recibido tratamiento y que no disponen de un diagnóstico subraya la au­sencia de continuidad en estos dispositivos – a causa de la involuntariedad y falta de adhesión que presentan y de que estos factores no se corresponden con los objetivos profesionales de esos contextos profesionales-, la dispari­dad de criterio entre los mismos y la dificultad de acometer una edad con cambios evoluti­vos importantes que dificulta el diagnóstico. Es por ello que la intervención con menores y jóvenes infractores debe, a su vez, atender y paliar la tendencia a la exclusión social de los cuadros clínicos no diagnosticados. En nuestra experiencia, ese infra-diagnóstico en adoles­centes tan graves evoluciona en muchos casos en itinerarios de exclusión social. La realización de un buen diagnóstico y despistaje clínico no sólo contribuye a adecuar el tratamiento a cada paciente -y, por consiguiente, aumentar las posibilidades de éxito-, sino que también evitaría itinerarios claros hacia la exclusión so­cial. Habría que incluir esta perspectiva más a largo plazo porque pensamos en personas con futuro. También cabe reflexionar que una de las posibles funciones de los centros de Justicia Ju­venil consiste en realizar diagnósticos de estas características cuando todavía no están hechos. 5. Resulta significativa la elevada presencia de rasgos psicopatológicos en los 18 episodios de ingreso en el centro, cuando solo en un 11,1 % de los episodios se ha establecido desde el juzgado una medida de internamiento terapéu­tico, coincidiendo en estos casos, con la existen­cia de un diagnóstico psiquiátrico previo. Este dato nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de incluir un abordaje terapéutico en la inter­vención cuando el menor presenta dificultades para desarrollar unos mecanismos básicos de regulación emocional, cognitiva y conductual. La inclusión del abordaje terapéutico estaría especialmente indicado: 1) en menores que han presentado problemas clínicos desde la infancia y han transitado por distintos contextos profe­sionales sin haberse conseguido una adherencia al tratamiento, 2) cuando la comisión del deli­to tiene una explicación desde la etiología del sufrimiento psíquico interno del menor o joven, 3) cuando existe una concomitancia con el con­sumo de tóxicos que desencadena o agrava la conducta trasgresora y 4) en aquellos casos de problemática relacional o trastornos vinculares que suelen expresar síntoma en sus contextos convivenciales (Estalayo, Rodríguez y García, 2014). 6. El ingreso en un centro de Justicia Juvenil supone una oportunidad privilegiada para reali­zar un proceso de evaluación psicodiagnóstica y para llevar a cabo un tratamiento eficaz con esta población. En primer lugar, posibilita rea­lizar una evaluación rigurosa que permite ade­cuar el tratamiento más indicado para cada su­jeto. En segundo lugar, permite desarrollar una intervención especializada en un contexto resi­dencial desde un enfoque integrador basado en los factores de éxito tales como la vinculación con el profesional, el trabajo con la familia, la coordinación interinstitucional (crear vínculos entre los menores y la comunidad), la necesidad de partir de un modelo conceptual sólido (con una fundamentación teórica, de metodología y acción) y la adaptación del programa de tra­tamiento a las características de los individuos (Becedoniz y Rodríguez-Díaz, 2005). En defini­tiva, consideramos que el tratamiento en este tipo de contextos ha de consistir en una inter­vención especializada para estabilizar y remitir los síntomas más agudos y, desde un diagnósti­co adecuado, generar conciencia de necesidad de tratamiento con el fin de derivar a recursos externos de carácter especializado que conti­núen la intervención. Consideramos conveniente señalar una se­rie de limitaciones que hemos detectado y que pueden mediatizar el alcance de los resultados. Primero, la muestra presenta un tamaño redu­cido y no es representativa de la población de menores infractores. Segundo, hemos limitado la evaluación del estado clínico a una única me­dida. De este modo, resulta factible que el em­pleo de otros instrumentos derivase en un regis­tro diferente de la sintomatología encontrada. Tercero, la evaluación del estado clínico se rea­lizó en dos momentos, al inicio y a la finalización de la intervención, y no se procedió a analizar el historial clínico de los menores, de tal forma que se desconoce si la sintomatología detectada, o parte de la misma, estaba presente antes del in­ternamiento o si se desarrolló de forma conco­mitante. Como futuras líneas de investigación, y atendiendo a la elevada comorbilidad que suelen presentar los menores o jóvenes infrac­tores con otras patologías psiquiátricas, habría que aplicar otras pruebas psicopatológicas para evaluar la presencia o no de otros trastornos y ver si los resultados varían según el tipo de co­morbilidad detectada. Finalmente, sería recomendable realizar una evaluación un tiempo después de la salida del centro de Justicia Juvenil con el fin de poder mi­nimizar los sesgos característicos de las etapas más avanzadas del tratamiento ya que pueden influir en determinados resultados del post-test. La fase final es un momento sensible y de riesgo en el proceso educativo-terapéutico de estos adolescentes atendiendo a las dificultades que suelen presentar para lograr una desvinculación sana, los fenómenos de amenaza a la identidad (recidivas) y los temores e incertidumbres ante su inminente salida. Muchos adolescentes hacen un bajón o retroceso coincidiendo con su salida del Centro y, con posterioridad, se recuperan tal y como hemos podido constatar en seguimien­tos post-tratamiento realizados. Por otro lado, realizar esta evaluación post-ingreso permitiría conocer qué cambios realizados por el menor y/o joven infractor se mantienen o generalizan a su entorno cotidiano.  En conclusión, si bien nuestro estudio pre­senta limitaciones respecto al tamaño muestral analizado sí consideramos relevante que es un grupo muy específico de menores infractores que difícilmente pueden ser evaluados en el ám­bito comunitario. La presencia de un ámbito de ingreso permite un análisis pormenorizado y de­tallado de estos jóvenes contribuyendo a poder proponer evidencias que pueden ayudar a un mejor abordaje de los mismos. Nuestro estudio presenta datos de un número importante por su especificidad y observamos un perfil claramen­te diferencial respecto al grupo normativo que detallaría las características propias de estos jó­venes infractores. Vemos también la posibilidad de cambio tras el ingreso; es decir, su expresión sintomática es modificable, si bien las estruc­turas de personalidad o psíquicas subyacentes precisarían de estudios de mayor abordaje tem­poral para su contraste. En definitiva, nuestro estudio presenta datos que consideramos rele­vantes tanto respecto al perfil como sobre las posibilidades de cambio de este colectivo.  

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